CASOSAISLADOS

El caso ERE en Andalucía, también llamado escándalo de los ERE en Andalucía o EREscándalo, también conocido como EREgate o caso del fondo de reptiles, es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen de este escándalo en Andalucía estuvo en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Junta de Andalucía es parte de la acusación particular del caso..

En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE. Para lo que creó la partida presupuestaria 31L. Esta partida fue dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal, aunque la oposición del Partido Popular y varios medios de comunicación lo niegan, afirmando que el fondo y la utilización de todo el dinero del que disponía la Junta, es irregular.

La investigación que desarrolla la juez Alaya con la colaboración de la Guardia Civil, sostiene que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE puesto que, a cuenta de dicha partida 31L que fue llamada "fondo de reptiles", se concedieron:

- Prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. (12,3 millones de euros).

- Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. (73,8 millones de euros).

- Comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones).

Constituyendo un fraude total de, al menos, 136 millones de euros. Un informe de la Dirección General de Seguros, organismo del Ministerio de Economía y Competitividad de España, eleva el fraude a 152 millones. Asimismo, la juez no descarta el pago de sobornos a cargos políticos de la Junta por parte de los comisionistas.